El complejo está ubicado frente al río y cuenta con 11.000 metros cuadrados construidos, de los cuales 8.600 corresponden a oficinas. La capacidad máxima prevista es de unos 1.000 trabajadores, aunque ese nivel de ocupación se proyecta para los próximos años. La inversión para desarrollar el emprendimiento alcanzó los US$26 millones.
La iniciativa apunta especialmente a compañías de servicios, entre ellas agencias de diseño y publicidad, estudios contables y jurídicos, empresas financieras, aseguradoras, firmas de outsourcing y compañías tecnológicas y de software. El objetivo es que puedan establecer una base formal en Uruguay y utilizarla como plataforma para expandirse en la región o redistribuir parte de sus operaciones.
Uno de los principales atractivos está dado por la cercanía con Buenos Aires: Colonia se encuentra a menos de una hora de viaje en barco. Esa conexión permitiría incluso que algunos trabajadores mantengan su residencia en Argentina y se trasladen diariamente hacia sus puestos de trabajo en Uruguay.
El régimen de zonas francas ofrece, según los impulsores del proyecto, libre disponibilidad de dividendos y un impuesto a la renta limitado al 12%, frente a una tasa regular que, de acuerdo con la información difundida sobre la iniciativa, llega al 36% para trabajadores extranjeros. Uruguay cuenta actualmente con otras 15 zonas francas bajo este esquema.
Desde la empresa explicaron que varias compañías consideran a Uruguay como una alternativa para ajustar sus operaciones de acuerdo con la situación argentina. La propuesta, señalaron, no busca necesariamente reemplazar los puestos de trabajo existentes en Buenos Aires, sino funcionar como una estructura complementaria que permita ampliar o reducir actividades según las necesidades.
El proyecto también destaca la estabilidad del sistema financiero uruguayo, la libre circulación de divisas y la regulación vigente como factores de atractivo para las empresas. Según los impulsores, en períodos de restricciones cambiarias, las zonas francas fueron utilizadas como una alternativa de resguardo para determinadas operaciones.
La Zona Franca del Plata recibió la autorización para operar durante la presidencia de Luis Lacalle Pou y su inauguración está prevista para el 19 de diciembre, con una ceremonia a la que asistirá el actual presidente uruguayo, Yamandú Orsi. El predio, que incluye un edificio de cinco niveles construido principalmente con madera y vidrio, había previsto inicialmente su inauguración para noviembre.
El modelo de negocios contempla que los titulares del inmueble abonen al Estado uruguayo un canon por la licencia de zona franca y, a su vez, cobren alquileres a las compañías que se instalen allí. A diferencia de otras zonas francas del país orientadas a actividades industriales, esta propuesta está enfocada exclusivamente en servicios.
Para operar bajo este régimen, las empresas deben constituir una sociedad en Uruguay y presentar un proyecto de inversión ante el Ministerio de Economía. Allí deben especificar, entre otros aspectos, el monto de inversión, el personal que prevén contratar y la facturación estimada. Una vez aprobado el proyecto y obtenido el permiso correspondiente, pueden comenzar sus actividades en las oficinas del complejo.
En materia laboral, el régimen establece una relación de uno a uno: por cada trabajador extranjero contratado debe existir un empleado de nacionalidad uruguaya. Los promotores de Zona Franca del Plata estiman que una decena de empresas argentinas ya se encuentra avanzando con su instalación en el nuevo complejo.
